Resistir la división
Las circunstancias que han producido el actual aislamiento social en el corregimiento La Margarita.
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"La plata los enfermó": Liliana García
Una de las dificultades para crear dicho documento fue que no tuvieron en cuenta el apoyo efectivo de líderes sociales a la hora de hacer el censo, por eso hubo una serie de irregularidades que resultaron favoreciendo con ayudas humanitarias y con la adquisición de nuevas propiedades a algunas personas que no eran directamente afectadas, como lo reconoce en este audio la ex presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Margarita:
Lo que ha cambiado las relaciones entre las personas que todavía viven en La Margarita no han sido solo los daños de la avalancha sino también las indemnizaciones, las nuevas viviendas y las múltiples ayudas humanitarias que llegaron al municipio hasta inicios de 2017, las cuales estaban equipadas con alimentos, ropa, elementos de aseo y muchos otros productos para el hogar.
Con ellas no solo se potenció la mentalidad interesada de los habitantes del corregimiento sino que a la vez se marcaron serias divisiones entre todos ellos, como lo explica en el siguiente audio una de las salgareñas que vive en el corregimiento, específicamente en el sector La Argelia:
Aunque esta problemática, como ya se ha dicho, tuvo origen en la inscripción al RUD, realmente trajo mayores dificultades durante ese proceso de asignación y entrega de las nuevas viviendas, el cual se extendió hasta el 10 de julio de 2017.
Ese documento, más conocido como RUD, fue elaborado durante el 2015 por organizaciones como el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard), las cuales conformaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que está vinculado a la Alcaldía de Salgar.
Omisiones
Una de esas divisiones es la que separa a los afectados reconocidos de aquellos que no lo fueron; es decir, de aquellos que no están inscritos en el Registro Único de Damnificados.
Ante esa situación, la respuesta que reciben hoy en día de parte de la Alcaldía es incierta, tal cual lo confirma en las siguientes declaraciones el alcalde en turno:
Si bien era responsabilidad de Berta Martínez, la Alcaldía no hizo vigilancia adecuada a los procedimientos de dicha organización, pues el mismo alcalde asegura que desde que asumió el cargo se concentró en sostener el Sistema de Alertas Tempranas para la prevención de nuevos desastres, en gestionar los lotes para los proyectos de reconstrucción en el municipio y en hacer seguimiento permanente al progreso y terminación de las obras.
Así como él lo indica, fue la Fundación Berta Martínez de Jaramillo la responsable de asignar los propietarios de las 50 viviendas que construyó el Gobierno Nacional en el corregimiento, valiéndose del ya mencionado Registro Único de Damnificados para entregárselas a quienes hubiesen perdido su casa o tuviesen que ser trasladadas por continuar en zonas de riesgo, según establecía el mandato presidencial.
Pero los conflictos que ahora vive el corregimiento no solo se han dado por esa falta de supervisión, sino también por las demoras de la Alcaldía en tareas específicas como terminar de demoler las casas que fueron desocupadas por motivos de reubicación. Según la Administración, estos son los motivos:
Bajo ese argumento es que resultaron beneficiadas algunas personas que vivían anteriormente en el casco urbano y en otras zonas rurales como La Chaquiro, El Mango y la vereda Gualanday, mientras que otras terminaron siendo obligadas a desalojar sus propias casas, como lo expone una de ellas en este testimonio:
El problema es que esos retrasos están generando nuevas dinámicas sociales que refuerzan las divisiones existentes entre los afectados reconocidos y los que no lo fueron, ya que, como dice Liliana García, “están ocupando prácticamente las casas que quedaron paradas, porque si no hay más dónde estar, ¿qué más vamos a hacer?”.
Finalmente, los procesos sociales del corregimiento también se han visto afectados, pues se redujo aún más el nivel de participación ciudadana. Por ejemplo, en la actual Junta de Acción Comunal, conformada por 40 socios, solo están adscritos 10 miembros de familias reubicadas, teniendo en cuenta que este es el único espacio permanente que tiene La Margarita para tomar decisiones democráticas, dado que, como dice Dora Posada, su expresidenta, “es muy difícil reunir la gente, que participe y se comprometa”.
De igual manera, a algunas familias se les dificulta todavía más el proceso de adaptación porque no solo tuvieron que afrontar y resistir la tragedia, sino también la revictimización por el traslado, teniendo que mudarse a una casa en la que no querían estar.
Las consecuencias
En el caso de las personas que habitan las nuevas viviendas, todas estas situaciones les producen dificultades para adaptarse a sus nuevos hogares y a los efectos del desastre, en parte porque algunas de ellas, que no vivían antes en La Margarita, han tenido que acostumbrarse a nuevas condiciones de vida en el campo, y por otro lado la llegada de estas mismas al territorio genera ciertos malestares y rumores que fortalecen el distanciamiento entre ellos y los demás habitantes del corregimiento.
Esta es la vía principal que conecta a La Margarita con la zona urbana del municipio, pero también es la vía que separa a las familias reubicadas de las que viven en los demás sectores del corregimiento. 10 de febrero de 2019. Foto: Juan G. Serna
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